Se cuenta en los mentideros políticos de la capital catalana que la discusión habida en el Cercle d’Economia para aprobar la declaración sobre el 27-S fue brutal. Se necesitaron muchas horas de “cocina” para llegar al consenso final. Hubo amenazas entre las dos partes enfrentadas y el Cercle d’Economia estuvo a punto de romperse. Lo más natural del mundo cuando lo que se discute es de gran trascendencia. Las diferencias que se aprecian entre el borrador que se discutió el lunes y el documento hecho público el miércoles dan fe de hasta qué punto quien lo escribió lo hizo unilateralmente y sin diálogo previo.

El presidente de la entidad, el catedrático de la Universidad de Barcelona, Antón Costas, tuvo que dar marcha atrás en su pretensión de condenar a las candidaturas soberanistas. Costas se equivocó al no seguir aquel tópico que dice que los gallegos —este es su origen— son personas indecisas, que nunca se sabe si suben o si bajan, y que siempre responden con una pregunta o un depende. Costas cada día está más decantado, lo que es muy legítimo, pero resulta un inconveniente para presidir una entidad plural, nacida en 1958, bajo el impulso de personalidades tan distintas y distantes políticamente como Carlos Ferrer-Salat, Jaume Vicens Vives y Josep Benet, y que se jacta de que sus “1400 socios y sus 125 entidades colaboradoras hacen del Círculo una entidad plural e independiente de cualquier tipo de interés privado, sectorial o político”.

El documento finalmente aprobado por el Cercle d’Economia ha provocado titulares de prensa contradictorios, lo que ha permitido que cada medio se agarre a un punto u otro de la declaración según sus preferencias a favor del sí o del no a la independencia. Yo me quedo con el titular de La Vanguardia en papel, puesto que en la versión digital escriben lo mismo con otro titular.

Sea como sea, coincido con el consejero Francesc Homs cuando ayer aseguró que el epígrafe cuarto de la declaración representa un avance importantísimo con respecto a la posición sostenida por el Cercle en los últimos años. Se lo transcribo: “Si de forma clara los ciudadanos de Catalunya diesen su apoyo a formaciones políticas que llevan en su programa la opción de la independencia, el principio democrático de nuestra Constitución obligaría a los poderes públicos a encontrar una vía legal y acordada que permitiese celebrar una consulta específica para conocer el sentir preciso de los ciudadanos respecto al encaje de Catalunya en España. Creemos que, de darse esas circunstancias, y de acuerdo con lo que ha señalado el propio Tribunal Constitucional, hay vías legales para introducir en nuestro ordenamiento una norma de claridad de este tipo”.

En el borrador de Antón Costas esto no estaba. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno español ante esta inesperada petición? Pues la misma que viene defendiendo desde hace días, años. El no rotundo del ministro Jorge Fernández Díaz y el silencio del PSOE —todo hay que decirlo—, demuestran que los políticos españoles sólo saben recurrir al miedo para solucionar una cuestión que podría resolverse mediante el ejercicio de la democracia. Da igual que alguien crea religiosamente que Cataluña no es una nación porque España ya existía antes de que se produjese el Big Bang, lo que importa es si se cree o no en la democracia y en el principio de que los titulares de esa democracia, los que tienen el derecho a decidir sobre su futuro, son las personas convertidas en colectivo. Eso es lo que propugnan los liberales desde el siglo XIX contra los conservadores reaccionarios, propugnando la extensión hasta el máximo del sufragio universal de modo que se obtuviera un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

Cuesta creer que a estas alturas se tenga que recordar algo tan básico y que haya alguien que niegue lo básico. Las personas no están por encima de las leyes, pero las leyes no pueden amordazar la voluntad de las personas. Es verdad que la democracia no se puede vender en el mercado de lo usado, de las gangas, porque en ese caso dejaría de serlo; pero tampoco puede ser un corsé. Los conflictos se evitan con el ejercicio radical de la democracia.

La obligación del Cercle d’Economia, pues, no es amedrentar a los votantes soberanistas como pretendía Antón Costas en el primer borrador del documento publicado, sino encontrar las “vías legales para introducir en nuestro ordenamiento [el español] una norma de claridad” que permita contar quien quiere qué en un referendo legal. Entretanto, la candidatura que quede en primer lugar y pueda formar gobierno con mayoría necesaria habrá ganado la partida.

Publicado en EconomiaDigital, 17/09/2015