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No recuerdo por qué la anoté ni cuándo. Ni tampoco sé de quien es, pero hoy me parece una afirmación que le va como anillo al dedo para describir lo que está pasando en España: “La construcción de un país no se puede desligar de la libertad que se respire en él”. España es una prisión gigantesca para muchos catalanes. Da igual que otros muchos piensen que la represión contra los independentistas es la mejor solución para parar la ola soberanista. El tsunami que lleva casi una década agitando Catalunya no va a retroceder con encarcelamientos, exilios, multas, inhabilitaciones o expedientes disciplinarios, que es lo que se propone el PP con el silencio y colaboración cómplice de la izquierda.

La libertad está amenazada en España, se den cuenta o no los patriotas de izquierda. Y lo está cuando un juez se atreve a justificar mantener en prisión a alguien simplemente porque no reniega de sus ideas políticas. Ser independentista, catalán —o vasco o canario o de donde sea— no es, hasta lo que yo sé de leyes, un delito en España. Si lo fuera, supongo que los partidos independistas estarían ilegalizados. El 28 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo notificó la sentencia que ilegalizaba a Batasuna, Euskal Herritarrok y Herri Batasuna, y ordenaba el cese inmediato de sus actividades. Se cerraba así el proceso puesto en marcha el 26 de agosto de 2002, cuando el Congreso instó al Tribunal Supremo a que dejara fuera de la ley al partido independentista vasco. Pero los motivos planteados por la Fiscalía General del Estado para pedir la ilegalización de Batasuna y de las demás formaciones abertzales no se referían a su independentismo, sino que la justicia española les consideraba el brazo político de ETA: “Los partidos políticos Herri Batasuna (en lo sucesivo, HB), Euskal Herritarrok (en lo sucesivo, EH) y Batasuna (todos ellos integrantes del denominado “entramado batasuna”) desarrollan una actuación constante de legitimación y aliento a toda la actuación delictiva de ETA, incluidos sus atentados (extorsiones, chantajes, amenazas, coacciones…), de justificación y exculpación de los mismos, manteniendo su apoyo a las acciones de esta organización terrorista, a las que complementan y contribuyen a multiplicar sus efectos, fomentando y propiciando un clima de terror e intimidación tendente a hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio en las Comunidades Autónomas del País Vasco y Navarra de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”.

Tarde o temprano el PP va a querer ilegalizar a los partidos independentistas catalanes. No les queda otra para intentar parar al soberanismo catalán

El problema era el terrorismo, que coartaba la libertad de los vascos, y no si se perseguía la independencia. El Estado respondió a la quiebra de los derechos humanos en el País Vasco con la quiebra de la democracia. Entonces pocos fueron los intelectuales españoles que rechazaron una ilegalización que no acabó ni mucho menos con el independentismo vasco. Recuerdo las certeras palabras de Javier Ortiz, para quien “la ilegalización de Batasuna no interrumpirá ni poco ni mucho la actividad de la izquierda abertzale. A cambio, ese clima de acoso propiciará un cierre de filas que servirá para que los sectores más dogmáticos del llamado MLNV corten de raíz los debates internos que se estaban produciendo en esa corriente social”. Cuando el acoso político traspasa ciertos límites, el efecto es exactamente el contrario al que se persigue. El PSE-EE, castigado por los asesinatos, fue incapaz de separarse de una estrategia que ya anunciaba lo que después se ha visto.

Soy de los que creen que tarde o temprano el PP va a querer ilegalizar a los partidos independentistas catalanes. O por lo menos a la facción que no se amanse con renuncias precipitadas. No les queda otra para intentar parar al soberanismo catalán. Se trata de provocar en Catalunya el mismo efecto que tuvo en el País Vasco la ilegalización de Batasuna. Ya saben ustedes: el 26 de marzo de 2009, en contra de lo prometido en campaña electoral, los 25 parlamentarios del PSE-EE (cinco menos de los obtenidos por el PNV) llegaron a un acuerdo de investidura con el PP, la tercera fuerza en las elecciones (que había obtenido 13 parlamentarios). Entre ambos partidos sumaban 38 de los 75 escaños de la Cámara. El pacto incluía la cesión de la presidencia del Parlamento Vasco al PP. El 5 de mayo, Patxi López fue investido lehendakari, con el voto de PSE-EE, PP y UPyD. Podría parecer un pacto legítimo pero no lo era, puesto que fue posible por la ilegalización de una parte de la representación política vasca. ¿Quién quiere ser el Patxi López catalán? El puesto está muy reñido, porque aspiran a él Inés Arrimadas, la líder de la derecha españolista en Catalunya, y Miquel Iceta, el jefe de filas de los socialistas.

Recuerdo un debate en el que participé en 2003, cuando se ilegalizó a Batasuna, en el que mi oponente me lanzó la frase que entonces utilizaban todos los partidarios de la ilegalización de los abertzales: “Sin violencia se puede hablar de todo”. A la vista de lo ocurrido en Catalunya, está claro que eso no era de ningún modo cierto. Poner en un programa electoral que uno quiere la independencia está muy bien siempre y cuando el partido que lo defienda no sobrepase el 15%. Cuando los independentistas llegan al 49% y la posibilidad de separarse de España es real, entonces se acabó la amabilidad y el pluralismo. Se acabó la democracia. Esto está pasando en Catalunya. La sensación de inseguridad se extiende por doquier ante la indiferencia de las unionistas. El PP, presionado por la derecha nacionalista española, está dispuesto a correr el riesgo que lo que lo que es hoy pan para los patriotas españoles, puede que sea hambre para mañana. En España se respira el mismo autoritarismo que está empañando la democracia en muchos otros países de la Unión Europea. Lo grave es que lo que el PSOE y Podemos denuncian en Polonia o en Hungría no quieren denunciarlo en Catalunya.

Publicado en elnacional.cat, 12/02/2018

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